A través de una carta abierta, distintas organizaciones recuerdan y hacen una reflexión sobre los hechos que conmovieron a la ciudad y que terminaron con la vida de tres jóvenes de Bariloche. El texto completo es el siguiente:

“Hoy se cumplen doce años desde aquel 17 de junio de 2010 en el que la violencia del Estado marcó un quiebre en nuestra ciudad después de la Masacre del Alto.

Doce años del fusilamiento de Diego Bonnefoi y de la brutal represión que originó los asesinatos de los jóvenes Nino Carrasco y Sergio Cárdenas  cuando la policía con la luz verde del gobierno de Miguel Saiz, para reprimir, asesinó, golpeó y torturó a decenas de vecinxs del Alto, sitiando nuestros barrios al mejor estilo de la dictadura militar.

En estos doce años los Familiares y la Multisectorial junto a muchos compañeros y compañeras, organizaciones sociales, culturales, políticas y sindicales fuimos construyendo la Memoria Colectiva y la necesidad de Verdad contra la impunidad del poder.

Convencidxs de que no debería haber vidas que valgan más que otras y que solo la unidad y la organización de los de abajo combate el atropello de los de arriba, durante estos doce años aprendimos a reconocer, cuestionar y denunciar al aparato judicial, en sus omisiones, sus dilaciones, sus trampas y la trama de intereses y complicidades con el poder político y económico.

Fue así que en el 2018 conseguimos “arrancarle” al poder judicial un juicio histórico en el que la Cámara criminal subrogante condenó a cuatro años de cárcel común a Víctor Cufré (exsecretario de Seguridad), a Jorge Villanova, (extitular de la Jefatura ), Argentino Hermosa, (extitular de la Regional III) y a los agentes Pil, Epuñan y Sobarzo por ser los responsables políticos y operativos de la represión estatal a una protesta social legítima que derivó en la muerte de dos jóvenes y más de una docena heridos.

Nuevamente tuvimos que salir a pelear para que se hiciera efectiva la sentencia. La cadena de complicidades del Estado permitió que los funcionarios responsables de los crímenes y de haber puesto en riesgo de vida a toda la población fueran beneficiados por recursos legales que les permitieron apelar una y otra vez en libertad durante otros cuatro interminables años.

Finalmente este año en el mes de febrero otra vez desde la lucha se logró el cumplimiento efectivo de la sentencia.

Una sentencia que dada la magnitud del daño resulta vergonzante y casi una burla pero que, a la vez, ha marcado un hito en la justicia provincial estableciendo un antes y un después, un freno concreto y real a esta larga historia de Injusticia estructural, impunidad y complicidad del poder político, jurídico y económico de nuestra provincia.

En todos estos años los hechos han demostrado que la maquinaria represiva no es producto de la casualidad sino que es parte de la política  llevada adelante por los diferentes gobiernos democráticos como instrumento de control social y criminalización de la protesta  de los sectores populares que reclaman.

Las comisarías son lugares cotidianos de abuso, golpizas y tortura. La persecución, el hostigamiento en el barrio y las detenciones arbitrarias funcionan como advertencias, especialmente dirigidas a los jóvenes. Múltiples denuncias presentadas en la fiscalía provincial contra el accionar de la comisaría 42 no han tenido una sola respuesta. Es escandalosa la intervención directa de la 42 en el montaje de hechos “delictivos” que pretenden achacarle a lxs que luchan, claro, bajo las órdenes de las distintas caras del poder.

En esta línea de acción gubernamental, a partir del año 2012 se implementó la militarización sostenida del territorio. De la mano de la ley antiterrorista con el entonces senador Pichetto y Berni como secretario de seguridad desembarcó la Gendarmería Nacional. A partir de entonces, se planteó una “convivencia” represiva y delictiva entre las distintas fuerzas de seguridad en una suerte de división del trabajo sucio logrando con la venia del poder judicial que nada de lo que deba ser investigado sea investigado. En el 2015 Patricia Bullrich al frente del ministerio de seguridad del gobierno macrista implementó la teoría del “Enemigo interno” acusando de asociación ilícita a militantes sociales, organizaciones políticas y comunidades del pueblo mapuche que luchan por la recuperación de su territorio ancestral.

El poder judicial como brazo jurídico de la represión, se transformó en una máquina serial de armar causas judiciales y a la vez un hábil obstaculizador del avance real en las investigaciones. Es muy larga y dolorosa la lista de crímenes, actos de vejación y abuso policial que han quedado impunes gracias a la “intervención de La Justicia”.

 Desde la Multisectorial podemos decir que desde la dignidad de la lucha  hemos ganado una pequeña gran batalla colectiva por Memoria y Verdad.

Pero sabemos que no se ha hecho Justicia. No hay justicia en un sistema que siempre muerde a los descalzos. No hay justicia cuando los gobiernos responden inequívocamente a la defensa de los intereses de las clases dominantes. No hay justicia cuando los derechos de los pueblos se convierten en una amenaza para estos gobiernos.

En este camino recorrido junto a las familias y a sus enormes mujeres hemos aprendido con bronca y dolor que la muerte de nuestrxs pibxs Es un genocidio a cuenta gotas. Y que la lucha debe seguir contra toda impunidad.

Exigimos:

*Basta de Impunidad policial.

*Basta de represión y persecución policial a lxs jóvenes en los barrios.

*Basta de apremios ilegales que suceden cotidianamente en las comisarías de Bariloche, especialmente en la 42.

*Basta de gobiernos que obedecen a los grupos de poder económico.

Ni un pibe, ni una piba menos.

Desde la Memoria, desde la Verdad y con la necesidad imperiosa de Justicia, desde un pasado hecho presente, Gritamos:

DIEGO, NINO Y SERGIO ¡PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!"

Familiares del 17 de junio de 2010 y Multisectorial contra la Represión en Bariloche